Cuestionan uso de aeronaves privadas por parte de Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se encuentra en el centro de un debate público tras el uso de aeronaves privadas para traslados oficiales y personales. Diversos sectores han cuestionado la relación entre los dueños de las aeronaves y proveedores que mantienen contratos vigentes con la administración estatal, lo que ha puesto bajo la lupa los procesos de rendición de cuentas en la entidad.

Especialistas en fiscalización señalan que, aunque se presente documentación bancaria para acreditar el pago con recursos personales, esto no garantiza la inexistencia de conflictos de interés. La normativa mexicana exige que cualquier servicio contratado por funcionarios públicos cumpla con criterios estrictos de transparencia, especialmente cuando existe una relación comercial previa con el prestador del servicio en el ámbito de la obra pública o adquisiciones gubernamentales.

El equipo de comunicación de la administración estatal ha sostenido que todos los traslados se realizan conforme a la ley y que los gastos derivados de estos servicios han sido cubiertos con fondos privados de la mandataria. Argumentan que el uso de transportación privada responde a necesidades de agenda y seguridad, buscando optimizar los tiempos de traslado entre los diferentes municipios de Quintana Roo para la supervisión de programas sociales y obras de infraestructura.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las autoridades locales y a los órganos de control interno que realicen una auditoría detallada sobre los contratos otorgados a las empresas vinculadas con los propietarios de las aeronaves. La exigencia se centra en verificar que no exista una compensación indirecta o un trato preferencial en futuras licitaciones estatales hacia estos proveedores.

La controversia ha permeado en la agenda política local, donde integrantes de la oposición en el Congreso estatal han solicitado formalmente que se detalle la bitácora de vuelos y la relación contractual de los proveedores señalados. Hasta el momento, el gobierno de Quintana Roo mantiene la postura de que toda la información financiera es pública y puede ser consultada en los portales de transparencia correspondientes, desestimando las acusaciones como intentos de desestabilización política.