Denuncian uso de jaulas para migrantes en centro de detención
Organismos defensores de derechos humanos han constatado condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz, donde personal del lugar justifica el uso de jaulas como zonas de calma.

Autoridades y organizaciones de derechos humanos han denunciado esta semana el uso de estructuras metálicas tipo jaula para retener a migrantes dentro de las instalaciones conocidas como Alligator Alcatraz. El reporte señala que personas en situación de movilidad permanecen confinadas en estos espacios bajo condiciones que contravienen los protocolos internacionales de trato digno y respeto a los derechos humanos fundamentales.
El personal administrativo a cargo de Alligator Alcatraz ha defendido la implementación de este esquema, argumentando ante las autoridades que las jaulas funcionan como áreas de resguardo o zonas de calma. Según su versión, estos espacios fueron diseñados con el supuesto propósito de que los migrantes detenidos pudieran tranquilizarse tras procesos de traslado o ante situaciones de crisis emocional, negando cualquier intención de castigo físico o segregación punitiva.
Sin embargo, la práctica ha sido cuestionada severamente por representantes de la sociedad civil, quienes señalan que la privación de la libertad en este tipo de encierros constituye una violación directa a la integridad personal. La Secretaría de Gobernación y otros organismos competentes han comenzado a revisar las condiciones de operación de este centro para determinar si existen responsabilidades legales derivadas de estas acciones que afectan a las personas en tránsito.
Los protocolos vigentes en el país exigen que cualquier lugar de alojamiento temporal para migrantes cuente con condiciones de habitabilidad, ventilación y acceso a servicios básicos, sin recurrir a mecanismos que degraden la condición humana. Las autoridades han manifestado su intención de realizar inspecciones detalladas para verificar si el centro cuenta con los permisos necesarios y si el trato otorgado al personal migrante se ajusta a lo estipulado por la ley mexicana y los tratados internacionales de los cuales el país forma parte.
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