Exdirector de la DEA solicita a Harfuch procesar a Rocha Moya

Derek Maltz, quien fuera directivo de la Administración de Control de Drogas (DEA), emitió un pronunciamiento en el que solicita formalmente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que se realicen las acciones necesarias para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrente cargos ante la justicia de los Estados Unidos. Esta petición surge en un contexto de creciente presión internacional sobre la situación de seguridad en la entidad federativa y la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia.

El exfuncionario estadounidense argumentó que, ante las investigaciones en curso, es indispensable que los actores políticos que presuntamente mantienen vínculos con grupos delictivos rindan cuentas. La postura de Maltz subraya la necesidad de que el gobierno mexicano, a través de sus instancias de seguridad y la Fiscalía General de la República, colabore estrechamente con las agencias norteamericanas para esclarecer las responsabilidades penales de los servidores públicos involucrados en las indagatorias internacionales.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha mantenido una línea de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la coordinación interinstitucional para combatir la violencia. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido una respuesta directa sobre esta solicitud específica, manteniendo el apego a los protocolos de extradición y soberanía que rigen la relación entre ambas naciones bajo el marco legal vigente.

La situación jurídica del mandatario estatal sinaloense ha generado un intenso debate en el Congreso de la Unión, donde diversas bancadas han solicitado mayor claridad sobre las investigaciones que involucran a funcionarios de alto nivel. La posibilidad de que se presenten solicitudes formales de cooperación internacional permanece como un tema central en la agenda de seguridad, mientras la sociedad espera una resolución clara por parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en México.