La SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces federales y estatales están obligados a juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad. Esta resolución establece que dicho enfoque no es una opción discrecional, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones de delitos contra activistas.

La sentencia subraya que las autoridades deben considerar las condiciones de vulnerabilidad específicas que enfrentan las mujeres defensoras en el ejercicio de su labor. Al analizar estos hechos, los juzgadores tienen la obligación de identificar posibles patrones de violencia diferenciada, así como los riesgos particulares derivados de su actividad en defensa de los derechos humanos en diversas regiones del país.

La Suprema Corte enfatizó que el análisis interseccional es fundamental para comprender cómo el género, aunado a otros factores sociales y de contexto, incrementa el peligro que enfrentan estas personas. Con este criterio, se busca eliminar las barreras procesales que históricamente han dificultado la identificación de los responsables y la determinación de las causas detrás de las desapariciones de mujeres dedicadas a causas sociales.

Este fallo vinculante obliga a las fiscalías y juzgados a integrar la perspectiva de género desde la etapa inicial de las carpetas de investigación. El objetivo es que los procesos judiciales no ignoren el entorno de hostilidad que enfrentan quienes alzan la voz por los derechos de sus comunidades, garantizando así una investigación exhaustiva que tome en cuenta el contexto de su labor política y social.

La decisión de la SCJN refuerza los estándares de protección para las defensoras en México, alineándose con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, las instancias judiciales del país deberán ajustar sus protocolos de actuación para asegurar que las sentencias reflejen una valoración integral de los riesgos y las violencias específicas que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a defender otros derechos.