México solicita formalmente a Estados Unidos extradición de Linda Cristina Pereyra
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno Federal ha iniciado el proceso para que la esposa de Genaro García Luna enfrente cargos por lavado y peculado en territorio nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este sábado que el Gobierno Federal ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos la extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La petición se fundamenta en órdenes de aprehensión vigentes libradas por jueces mexicanos, que vinculan a la ciudadana con presuntos delitos de lavado de dinero y peculado.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo señaló que el proceso se encuentra en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, instituciones que mantienen comunicación constante con el Departamento de Justicia estadounidense. El objetivo es que Pereyra sea puesta a disposición de la justicia mexicana para responder por las acusaciones relacionadas con operaciones financieras ilícitas detectadas por las autoridades hacendarias durante las investigaciones del caso.
La solicitud de detención provisional con fines de extradición representa un avance en la estrategia del Gobierno Federal para esclarecer el destino de recursos públicos y desarticular redes financieras asociadas a exfuncionarios de administraciones anteriores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha colaborado estrechamente con la Fiscalía para integrar los expedientes necesarios que sustentan la petición ante las cortes extranjeras, garantizando el debido proceso en todo momento.
El Gobierno de México ha enfatizado que este requerimiento responde a la política de no impunidad y al compromiso de recuperar activos que habrían sido desviados del erario. Hasta el momento, las autoridades mexicanas esperan la respuesta formal de sus contrapartes en Washington para determinar los tiempos y procedimientos específicos del traslado, manteniendo el sigilo necesario para no entorpecer las gestiones diplomáticas y legales en curso.
Organismos judiciales y defensores de derechos humanos han seguido de cerca el desarrollo de este caso, que se suma a la larga trayectoria de procesos legales derivados de las investigaciones sobre seguridad pública iniciadas hace años. La Cancillería mexicana reiteró que continuará trabajando en el marco de los tratados de cooperación internacional para asegurar que cualquier persona sujeta a una orden de aprehensión en el país comparezca ante los tribunales correspondientes.
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