Moody’s advierte que reformas judiciales limitan la inversión privada en México
La agencia calificadora señala que los cambios en el sistema judicial y otras reformas generan incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos en el país.

La agencia calificadora Moody’s informó este sábado que la inversión en México mantiene una tendencia limitada, debido principalmente a los recientes cambios en el sistema judicial. De acuerdo con el análisis de la firma, esta situación ha generado un entorno de incertidumbre que impacta directamente en las decisiones de los agentes económicos nacionales y extranjeros al momento de asignar capital en el mercado mexicano.
El reporte destaca que, además de la reforma al Poder Judicial, existen otras modificaciones normativas impulsadas en fechas recientes que han elevado la percepción de riesgo institucional. Según los analistas, estas medidas han complicado la seguridad jurídica necesaria para garantizar el respeto a los contratos y las garantías fundamentales, elementos que son considerados indispensables para atraer flujos de inversión a largo plazo.
Desde la perspectiva de los inversionistas, la estabilidad del marco legal es un componente crítico para la planeación financiera. La agencia advierte que la falta de claridad en la aplicación de las leyes y los cambios en las reglas del juego administrativo actúan como un freno para proyectos de infraestructura y expansión industrial que requieren certidumbre multianual.
Por su parte, el sector empresarial ha señalado en diversas instancias la necesidad de fortalecer el Estado de derecho para fomentar un clima competitivo. Los organismos cúpula del sector privado han expresado que, si bien el desarrollo nacional requiere de reformas, estas deben garantizar la autonomía judicial y la protección de los derechos de propiedad para evitar una desaceleración en la actividad económica.
Finalmente, el análisis subraya que el cumplimiento de los tratados comerciales y el respeto a los compromisos institucionales serán factores determinantes para la calificación crediticia del país en el corto y mediano plazo. Las autoridades hacendarias y económicas del gobierno federal mantienen el diálogo abierto con los diversos sectores para evaluar el impacto de estas políticas en la estabilidad macroeconómica de México.
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